13 jul. 2010

Urbanismo: Habitat/Inmobiliaria

La gran vulnerabilidad de las laderas frente a los desastres naturales

El estudio realizado por el economista y especialista en políticas del desarrollo y gestión pública, Luis Salamanca Mazuelo expone sobre la vulnerabilidad física y socioeconómica de las laderas y zonas periurbanas de la ciudad de La Paz que han sufrido algún desastre natural, y recomienda incluir la problemática en la agenda nacional y sub nacional.

El trabajo expone experiencias de investigación sobre resiliencia a desastres naturales realizadas en zonas del este, oeste y sur de la urbe, como San Simón, Ovejuyo, Huano Huanuni, IV Centenario, Kupini y otras.

 

Los datos empíricos de Bolivia destacan que la gente que construye su resiliencia a la pobreza con la adquisición de medios de vida puede perder todo porque no está preparada para afrontar y sobreponerse a un desastre natural; a esto se añade que las respuestas que da el Estado, en tanto protección social, son más bien de corte reactivo y no medidas sostenibles y estructurales.

“La recomendación principal es construir procesos de gobernanza para visibilizar esta problemática, a fin de incorporarla en la agenda nacional y sub nacional y así mitigar los efectos de los desastres naturales”.

El trabajo de Salamanca explica que las personas al construir sus viviendas asumen conocimiento de habitar en un terreno de alto riesgo, pero prefieren creer que al tener un inmueble ganan un status (posición social), seguridad y pueden negociar su ciudadanía a cambio de servicios.


Antes del desastre y cuando todo aparenta calma, se forman las juntas vecinales para demandar al municipio estructura básica y pedir la legalización del barrio.

Una vez que ocurre la catástrofe, la junta de vecinos continúa su participación hasta un cierto tiempo, porque se manifiesta un criterio técnico del Gobierno Municipal de que la gente no puede volver habitar la zona.

Los damnificados se organizan en grupos para exigir soluciones y atención a la emergencia ante las autoridades.

Al mismo tiempo, los vecinos tras perder sus medios de vida, también se hacen inaccesibles a cualquier crédito porque ya no tienen activos, el valor de su terreno y sus bienes es “cero”.

La preocupación de muchos es buscar empleos al verse inmersos en un círculo de pobreza; las prioridades también son la alimentación, seguridad ciudadana, integración social, educación para los hijos, salud y un lugar donde habitar. Muchas familias se desestructuran en este proceso, porque se distribuyen en diferentes lugares para vivir.

En la situación de desastre, las autoridades suelen acudir al lugar, escuchar a los afectados y agendar sus necesidades; sin embargo, no hay respuesta rápida, y con el transcurrir del tiempo, las organizaciones de damnificados agotan la lucha y se desestructuran.

“El Gobierno Municipal cuando otorga recursos es a cambio de apoyo político, y brindan los alimentos mientras los medios de comunicación vigilan. Hay un manejo político. (Por otro lado) los gobiernos tanto nacional como departamental está alejados de sus demandas y necesidades, y no asumen su rol en la construcción del riesgo”.

Salamanca indica que en la agenda del Gobierno nacional, los problemas de desastre están fuera del alcance del presupuesto, y en la agenda municipal es una oportunidad para lograr recursos frescos de parte del Gobierno central y dar respuestas estructurales como canalizaciones, embovedados, reparaciones de calles y caminos entre otras, pero no brindan una atención social y económica, como la generación de fuentes de empleo, mejorar el acceso a la salud, educación, etc.

La cooperación internacional y Organizaciones No Gubernamentales si bien brindan ayuda y proveen alimentos, carpas, colchones y otros insumos, es hasta un tiempo limitado, son pocas las que dan un seguimiento.

Pieb.com.bo

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